La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como brazo técnico de la Coalición, respetando las disposiciones de las autoridades por la emergencia del COVID-19, presentaron virtualmente por medio de Facebook Live y en Twitter con el hashtag #SeguridadGT, el índice de Denuncias de Delitos (IDD) y el tema del mes, Seguridad Ciudadana en Tiempos de COVID-19.
Respecto al IDD, el índice que monitorea mensualmente las denuncias de nueve diferentes delitos que afectan la seguridad de los guatemaltecos, el mismo continúa a la baja, esta vez dado a que ambos subíndices, el de delitos contra la propiedad y de delitos contra la persona se redujeron en 0.7% y 0.3% respectivamente.
“Resalta que cuando comparamos el mismo trimestre del año pasado con el actual, la cantidad de homicidios se redujo en un 32%, habiéndose salvado 296 vidas más este año,” comentó Walter Menchú, investigador del CIEN y añadió que “al desglosar los datos mes a mes, la reducción mayor se encuentra en marzo 2020, con un 46% menos de homicidios e inclusive, los datos preliminares al 21 de abril arrojan una reducción aún mayor, del 58%. Estas son buenas noticias para Guatemala, pues se registra la tasa histórica más baja de homicidios de la última década: 19.5 por cada 100 mil habitantes.”
Menchú observa que 198 homicidios los redujeron nueve municipios (Guatemala, Villa Nueva, Mixco, San Juan Sacatepéquez, Fraijanes, Escuintla, Palín, Colomba y Zacapa) y donde se debe poner especial atención es en otros seis, que aumentaron 37 homicidios en conjunto: Masagua, La Nueva Concepción, Jalapa, Jutiapa, Los Amates y Quetzaltepeque. “También, en la Ciudad de Guatemala, la cantidad de homicidios en los últimos meses ha sido menor en zonas 1, 5 y 18, pero aumentó en zonas 11 y 21” añade el experto, por lo que debe considerars e estrategias específicas.
El investigador del CIEN Francisco Quezada presentó el tema del mes, en el cual incluyó un análisis de la facultad del Presidente de la República de decretar un Estado de Excepción y la limitación de los Derechos Constitucionales ante la emergencia del COVID-19. “La anormalidad de la situación mundial alrededor del nuevo virus exige a los Gobiernos tomar decisiones de carácter preventivo y represivo sobre los derechos personales y restringir libertades para poder aumentar su capacidad de ejecución” comentó Quezada.
El experto explicó que “siempre deben verificarse y respetarse ciertas condiciones, límites, racionalidad y justicia, considerando que los Estados de Excepción están contemplados dentro del sistema constitucional y no derogan el Estado de Derecho, ni permite conductas fuera del marco de la Ley. Sin embargo,” opinó Quezada, “no hay parámetros claros para delimitar las distintas situaciones y su gravedad, además existe el riesgo que las Cortes puedan utilizar un excesivo control jurisdiccional al no estar sujetas a un sistema de contrapesos en su actuar. Por lo mismo, las garantías judiciales deben aludir los derechos garantizados y velar por sus herramientas, con lo cual el carácter directo y subsidiario del amparo puede proceder ante la suspensión de hecho de la vía administrativa.”
